Contratos Administrativos

FALSOS AUTÓNOMOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Con fecha 14 de octubre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia por la que confirma la de instancia y declara que un arquitecto contratado desde el año 2005, por la Comunidad de Madrid, mediante contratos de carácter administrativo, ocultaban una relación de carácter laboral común, como la que la mayor parte de los trabajadores tienen con sus empresas.

El sistema utilizado por el Organismo condenado consistía en hacer suscribir, al arquitecto, diferentes contratos administrativos realizadas bajo  la apariencia formal del cumplimiento de los requisitos de licitación y publicidad o bien mediante la elaboración de facturas que supuestamente abonaban trabajos puntuales. En esta situación se mantuvo al arquitecto hasta noviembre de 2019, en que se le ceso por un error formal en la que iba a ser su siguiente contratación, declarándose desierto el concurso por el que se le tendría que haber adjudicado este último contrato.

En la sentencia quedo probado que el trabajo que estuvo desarrollando durante esos quince años, lo fue bajo la dirección y coordinación de sus superiores y director del servicio en el que estaba prestando sus servicios, en la sede de la Comunidad de Madrid, disponiendo de un puesto de trabajo y, de los medios materiales propios del Organismo, cuenta de correo corporativa y contando con la ayuda del personal administrativo.

Como consecuencia del cese, interpuso demanda por despido improcedente por entender que los años trabajados no podían ser calificados como si hubiera sido un autónomo y tanto la sentencia de instancia como la del Tribunal Superior de Justicia dieron la razón al trabajador declarando que la relación de trabajo que le unió con la Comunidad de Madrid era una relación laboral y en consecuencia declaran que el despido es improcedente y obligan a readmitirle con abono de los salarios de tramitación devengados desde su cese a la posible reincorporación o, en su caso, a que se le indemnice con una cantidad de 77.000 €.

La sentencia que finalmente da la razón al arquitecto así contratado, basa su razonamiento en una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo por la que interpreta la Ley de Contratos del Sector Publico, Ley 9/2017, de 8 de noviembre y las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, en los siguientes términos:

“Son contratos de servicios (léase autónomos de las Administraciones Publicas) aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario”, de modo que en manera alguna puede amparar la contratación-como es el caso enjuiciado- de personas individuales para realizar una actividad prestada en regimen de estricta dependencia y en los términos configuradores de la relacion de trabajo, pues- con independencia de las limitaciones legales anteriormente indicadas- en todo caso parece claro que cuando esta Ley está exigiendo unas determinadas aptitudes para contratar con el sector público en su artículo 65.1, esto es, “Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar y, acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional”, esta pensando en una organización empresarial que tenga capacidad de alcanzar el objeto del contrato y no en un trabajador que se inserta en la organización de la Administración empleadora para llevar a cabo una tarea profesional del tipo que sea.

En definitiva, podemos concluir que salvo supuestos excepcionales, las relaciones de trabajo suscritas por personas individuales mediante contratos que no sean de carácter laboral constituyen un fraude legal que vigente la relación de trabajo quedaría reconvertida en otra de carácter laboral por cuenta ajena y en el caso de ser cesado, como aquí se enjuicio, en un despido improcedente.

Asunto defendido por Concepción Arranz Perdiguero de abogadoscarranza.com

El TSJ de Madrid (Contencioso Administrativo) desestima el recurso interpuesto por la representación letrada de la Comunidad de Madrid frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso y confirma esta por los siguientes motivos:

1.- La Ley 30/1984 de Reforma de la Función Publica determinó la prohibición de la celebración de los contratos de colaboración temporal con la Administración debido al fraude generalizado en su uso.

2.- La importancia del modo de realizar las funciones por parte de la recurrente pues se destaca que la misma acudía a su puesto de trabajo en la Consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid y sus funciones eran perfectamente asimilables a las propias de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

3.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de instancia, tal y como confirma el TSJ de Madrid, determina que “lo verdaderamente relevante no puede ser, ni el nombre atribuido a los contratos, ni la legislación invocada en ellos como aplicable (por mucho que estuviera en vigor) sino el tipo de actividad desarrollada y el grado de permanencia o continuidad en ella, de manera tal, que si el trabajo correspondía con el habitual o normal de la Consejería, el tiempo trabajado para ella ha se computar como de servicio efectivo”

El 4 de noviembre de 2011, Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha condenado nuevamente a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por despido nulo por vulneración de derechos fundamentales.

La trabajadora venía prestando servicios desde hacía más de 15 años a través de numerosos y sucesivos contratos administrativos y cuando decide denunciar su situación irregular, la AECID no le renueva el contrato, marcando así una clara diferencia en el comportamiento anterior, pues anualmente era renovada en sus funciones.

El TSJ de Madrid confirma así la sentencia de instancia y reconoce que la AECID represalió a la trabajadora por haber demandado, condenando al organismo al abono de los salarios de tramitación (desde el día del despido hasta la reincorporación) así como a la inmediata readmisión en su puesto de trabajo.

Con esta son 4 sentencias del Tribunal Superior de Justicia dictadas recientemente en casos de asistencias técnicas y despido nulo en la AECID, lo cual demuestra que, cuando s etrata de vulneración de derechos fundamentales, la actitud de los organismos no siempre queda impune.

Así, el Tribunal Supremo reitera que cuando se dan las notas de dependencia, ajenidad y retribución, en el desarrollo de un contrato suscrito entre una Administración Pública y un trabajador, al que se trata como si fuera un aútonomo, mediante la firma de contratos de "asistencia técnica", hay que estar a la realidad de la relación, y no al nombre y formalización del contrato. Es decir, que si, pese a la suscripción de una asistencia técnica como autónomo, el trabajador desarrolla su trabajo en las dependencias de la Administración Pública de que se trate, recibe órdenes de sus superiores como cualquier otro trabajador y, en definitiva, se inserta en la organización propia de dicha Administración, el contrato se declara fraudulento y, en conclusión, dicho trabajador adquiere la consideración de personal laboral por tiempo indefinido de la Administración contratante.

 
El TSJ de Madrid, con fecha 27 de febrero de 2011, dictó otra sentencia más en materia de contrataciones administrativas que encubren verdaderas relaciones laborales, revocando así la sentencia de instancia del Juzgado de lo Social.

Es de destacar que, desde la Ley 30/1984 de 2 de agosto, no podrán celebrarse por las Adminsitraciones Públicas contratos de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo (trabajadores autónomos), pues la contratación de trabajadores en régimen de dependencia no es posible hacerla por la vía de la contratación adminsitrativa sino bajo el régimen laboral.

Señalar que la sentencia expresa que, al tratarse en este caso de contratos administrativos suscritos al amparo del RD 2/2000, no es de aplicación la nueva Ley 30/2007, pues no estaba en vigor en el momento de la contratación. Ello pone de relieve que en estos casos debe ser aplicada la legislación que vigente en el momento de la contratación, y no aquella posterior.

Más de una veintena de trabajadores que prestaban sus servicios en la AECID con contratos de asistencia técnica (autónomos), han presentado demandas antes los Juzgados de lo Social de Madrid, solicitando ostentar una relación laboral de carácter indefinido con dicho organismo, pues la prestación de servicios la realizaban en condiciones de laboralidad: sujetos a horario, con la aportación de materiales por parte del organismo,  organización del trabajo e impartición de órdenes por personal de la AECID...etc. Por lo tanto, el contrato de asistencia técnica no era de acorde al tipo de servicio que se prestaba.Los trabajadores y trabajadoras han venido prestando servicios con antigüedades de más de 15 años, la que más, y de 1 año el que menos, y la mayoría de ellos han visto cómo sus contratos han sido rescindidos una vez que interpusieron las demandas ante los Juzgados de lo Social.De esta forma, la AECID ha represaliado a sus trabajadores por el hecho de haber planteado ante los Juzgados que su relación fuera regularizada. Sin embargo, hasta el día de hoy encontramos más de media docena de sentencias, algunas de ellas ya firmes, que reconocen que con ello se ha producido una vulneración de derechos fundamentales por parte del organismo, y consecuentemente los trabajadores han tenido que volver a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones a las que lo hacían con anterioridad al despido, pero esta vez como personal laboral indefinido del organismo, viendo así tutelado su derecho.